Alternancia - Revista de Educación
e Investigación
www.revistaalternancia.org
ISSN: 2710 - 0936 |
ISSN-L: 2710 – 0936
Vol. 4. No. 6 | Enero - junio 2022 |
Páginas 66 – 80
Evaluando la Política Educativa Básica: un impacto al ODS
desde la reforma educativa para México
Evaluating Basic Education Policy: an impact
on the SDG from the educational
reform for Mexico
María
Isabel Garrido Lastra
igarridolastra@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-5450-5229
Miguel
Ángel González Romero
miguelglez85@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6042-1152
Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México
Artículo recibido en octubre 2021, arbitrado en noviembre
2021, aceptado en diciembre 2021, publicado en enero 2022
El presente trabajo
realiza un análisis de la política educativa básica desde la reforma educativa
planteada en 2013 y cómo esta ha tenido impacto sobre los indicadores de
desempeño del Objetivos de Desarrollo Sostenible 4. Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos, así como los resultados en la política social nacional
desde dos ámbitos: cobertura, y financiamiento. Con ello, los principales
resultados implican que la educación ha tenido un sesgo en favor de la ciudad y
la desigualdad del país se sigue perpetuando desde las estructuras de sistema
educativo, que lejos de beneficiar una reforma educativa para la modernización
del sistema, precarizó ámbitos de grupos vulnerables, aunque en los indicadores
de los ODS se haya tenido un avance, no implica una transformación al interior.
Palabras clave: Política educativa;
reforma educativa; educación inclusiva; ODS; México
This paper analyzes the basic educational
policy since the educational reform proposed in 2013 and how this has had
an impact on the performance indicators of Sustainable
Development Goal 4. Guarantee inclusive and equitable
quality education and promote lifelong learning opportunities. for all, as well
as the results in the national social policy from two
areas: coverage, and financing. With this, the main
results imply that education has had a bias in favor of the city
and inequality in the
country continues to be perpetuated
from the structures of the
educational system, which far from
benefiting an educational reform for the modernization
of the system,
precarious areas of vulnerable groups, although progress has been made in the
SDG indicators, it does not imply
a transformation within.
Keywords: Educational
policy; education reform; inclusive education; SDGs; Mexico
El
concepto de educación, en términos generales, implica un proceso complejo
continuo y dinámico debido a su confirmación y estructura, pero también a las
decisiones de política pública que se determinan en función de la visión de los
gobiernos federales y los organismos internacionales; tal es el caso de la
Agenda 2030.
El
cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Garantizar una educación
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos; institucionaliza la educación como una política social
de alcance prioritario para los gobiernos federales dado que no sólo dota de
capacidades y habilidades la ciudadanía, sino también contribuye a mejorar la
calidad de vida de estas.
Aunado
a ello, la importancia que se le da a la educación para cada actor y la
sociedad en su conjunto incentivan los mecanismos de solvencia, distribución y
desarrollo por los impactos en el largo plazo de forma individual y colectiva,
en su calidad de vida y en la construcción de la conciencia y la cohesión
social.
Sin
embargo, en el caso mexicano, la heterogeneidad con que se cuenta ha hecho
difícil la aplicación de políticas homogéneas en el sistema, así como una
propuesta enfocada en el sistema básico han provocado movilizaciones sociales
que visualizan la problemática de la educación, la metodología y la
reproducción de estructuras sociales desde los niveles básico.
La
Reforma Educativa planteada en el año 2013, significó una transformación del
modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, es
decir garantizar el máximo aprendizaje de todos los alumnos; por ello, hacer un
análisis sobre los impactos que han generado los cambios de la reforma
educativa desde las dimensiones de cobertura, financiamiento y eficiencia;
haciendo una comparativa con los resultados de los ODS y su impacto como país;
se podrá vislumbrar el impacto que se ha tenido sobre esta política social a
largo plazo.
Cabe
destacar que, si bien la reforma educativa mexicana ya ha sido aprobada desde
el año 2013, en la actualidad, con los cambios administrativos y de visión de
gobierno de Andrés Manuel López Obrador; se emprende una nueva Ley en función
del aprendizaje y la inclusión, más no de la calidad.
Por
tanto, el objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de las políticas
de educación básica desde la aprobación de la reforma educativa sobre los
resultados de los indicadores del ODS4 de la Agenda 2030 así como los
principales indicadores nacionales sobre cobertura, financiamiento y
eficiencia.
MÉTODO
De acuerdo al “Guion para Análisis de
Factibilidad de la Evaluación de Impacto” del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social
Para la presente evaluación se
utilizará una metodología cuantitativa con análisis de gabinete donde se determine
un método cuasiexperimental con un método instrumental en función de tres
dimensiones:
1.
Cobertura
entendida
esta como una política de acceso de la educación, así como una regulación de
las instituciones gubernamentales.
2.
Financiamiento entendido este como una
política presupuestal sobre la distribución del recurso.
Estas tres dimensiones se analizarán
datos cuantitativos para los años 2013-2020, con la propuesta de Ley sobre la
Reforma Educativa, haciendo un comparativo sobre los indicadores siete
indicadores de los cuatro niveles de análisis que tienen la ODS. De acuerdo a
la (UNESCO, 2018) existen 4 niveles de monitoreo y análisis de los indicadores
del ODS4: global, temático, regional y nacional; a través de los cuáles se
desarrollan instituciones encargadas para dar seguimiento sobre los resultados
obtenidos en los niveles que se plasman en los Informes de Cumplimiento de los
ODS. Los indicadores presentados corresponden a nivel de actividad o componente
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) pero todos son señalados como
indicadores estratégicos.
El Consejo Nacional de Evaluación
(CONEVAL) define la pobreza multidimensional como un indicador que incorpora
los niveles de rezago de la población en diversas categorías y ámbitos:
bienestar económico, Para el caso de México (parte de América Latina) los datos
son publicados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad
de la Educación (LLECE) y otras instituciones nacionales encargadas de la estadística
nacional.
La estructura de evaluación
corresponde a los cinco apartados que determina la evaluación de impacto
presentando el objeto de la evaluación, los antecedentes teóricos, normativos y
económicos de la política social. En un tercer momento se presentan los
resultados de acuerdo a las fuentes oficiales nacionales e internacionales
sobre educación básica para los años de 2013 a 2020, haciendo énfasis en los
indicadores de los ODS y la contribución del país.
En seguimiento al contenido de cada
apartado es como se determinan los hallazgos principales de la evaluación, las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del mismo, así como
las principales recomendaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Conceptualización de la educación básica en torno a las
políticas públicas
El
concepto de educación, es amplio y complejo ya que indica los procesos de
aprendizaje y la capacidad del ser humano de transmitir la cultura y las
tradiciones a las nuevas generaciones, la capacidad de conocer, adaptar y
mejorar el crecimiento de las naciones a partir del aprendizaje, la promoción
de los movimientos sociales de las personas y, es una actividad que asegura la
cohesión social y la democracia por su proceso de interrelación; asimismo en el
largo plazo se trasforma en el soporte económico formal de la nación. El
Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) define la pobreza multidimensional
como un indicador que incorpora los niveles de rezago de la población en
diversas categorías y ámbitos: bienestar económico, derechos sociales y el
contexto territorial. Es decir, se
cuentan con seis indicadores para determinar el grado de carencia social los
cuales uno es el rezago educativo donde se incluye a la población de 3 a 15
años que no tiene la secundaria terminada y no asiste a la escuela, la
población nacida hasta el año 1981 que no tiene la secundaria terminada y no
concluyó la secundaria; por eso se denota su importa en la consolidación de la
sociedad y el desarrollo económico.
Kantor (1990 citado en Resendiz, 2012) menciona que la educación es un proceso de
socialización planificada lo cual facilita el desarrollo de la inteligencia y
el aprendizaje, sin embargo, no sólo es un proceso formal sino una actividad
continua que se da a lo largo de la vida por las interrelaciones humanas.
Para
Emile Durkheim la educación es un proceso socializador que debe mantener,
reproducir y fomentar la solidaridad que cohesiona una sociedad; es más una
acción ejercida para desarrollar ciertos estudios físicos, intelectuales y
morales que se necesitan en su conjunto y el medio especial al que está
particularmente destinado; lo prepara para una inserción al mercado adecuado
cumpliendo con una función de eslabón más dentro de la división internacional
del trabajo
Aunado
a ello, existen otras perspectivas que tienen un enfoque social sobre la
educación. Joaquín Brunner (2005) menciona que:
La educación es más una transmisión y adquisición
de conocimiento, el cultivo de la inteligencia donde envuelve valores,
desarrolla prácticas y comportamientos, forja carácter, reconoce el rol
formativo de las emociones en los procesos de aprendizaje, promueve la
maduración de múltiples inteligencias y facilita la exploración y explotación
de capacidades (p.9)
La
educación formal es el acto de aprendizaje dentro de las instituciones
educativas conformadas por la sociedad y el gobierno con la finalidad de
adquirir conocimientos cognitivos siendo este regulado, intencional y
planificado (López, Lagunes y Recio, 2016). En la mayoría de los países
latinoamericanos la educación formal es implementada por las instituciones
gubernamentales a través de la adquisición de centros de estudio y el pago de
recursos –parciales o totales- para su funcionamiento general.
Morduchowizc (2003) señala que la
educación es un bien semipúblico o no puro por sus características y las
externalidades que genera, pero por ello el Estado en la mayoría de los países
latinoamericanos ha sido el proveedor por excelencia de dicha práctica; es
decir, todo bien público cumple dos principios fundamentales: la no exclusión y
la no rivalidad en el consumo. Para el caso de la educación estos principios se
cumplen con una limitante, existe un límite dentro de la cobertura en educación
determinada por el presupuesto, la infraestructura y la capacidad de la
institución para abastecer la demanda de la población.
Las
externalidades que genera la adquisición de conocimiento formal son positivas
en dos ámbitos: de manera individual impacta en el crecimiento personal, los
procesos de comunicación, la escolaridad de una generación a otra y en la
eficiencia para la toma de elecciones; y de manera social impacta en la
cohesión social, la transmisión de valores democráticos y la disminución de la
violencia.
El
concepto de educación en México está plasmado legalmente en dos documentos
normativos de orden federal: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley General de Educación. En el primero se establece en el
artículo tercero como un derecho constitucional y humano para todo ser humano,
obtener una educación laica, obligatoria, nacionalista, democrática y gratuita;
para Hernández (2007) el concepto surge de dos corrientes de pensamiento: el
liberalismo mexicano que se reafirma con la guerra y las leyes de reforma y los
principios de justicia social, vida democrática, no reelección y participación
del estado mexicano en el quehacer educativo nacional que postula la Revolución
Mexicana.
El
segundo se plasma en el artículo quinto de la Ley de General de Educación
(DOF,2019); la educación
es un medio para adquirir, actualizar,
completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que
le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de
ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la
sociedad de la que forma parte (Art. 5 pp. 2).
De
ella deriva su clasificación: educación básica (inicial, preescolar, primaria,
secundaria) (Art, 37, pp. 17), educación media superior (Art. 45, pp.18).
Desde
los años cincuenta con Mincer (1974 citado en Morduchowicz, 2004) se conceptualizan políticas sociales en
función de la educación dado que se acuñó la idea del capital humano por lo que
se consideraba que el impulso a la educación coadyuvaría a mejorar el
desarrollo de la sociedad. Aunado a ello, con los procesos de globalización y
competitividad en los años noventa (en dicha década la educación tiene un
cambio derivado del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica en México), se importan las medidas de mercantilización de la educación
en América Latina.
En
México, comenzaron dichas políticas con Vicente Fox Quesada (2000-2006) y el
apoyo específico a la educación básica, siguiendo con Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012) y la obligatoriedad de la educación media superior, hasta Enrique
Peña Nieto (2012-2018) con un apoyo integral a la educación superior enmarcado
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a través de fondos extraordinarios para
las universidades públicas, así como la reforma educativa puesta en marcha a
inicios de 2013, y las nuevas reformas planteadas con Andrés Manuel López Obras
(2018-fecha) sobre la Ley General de Educación.
Para
el sistema educativo mexicano en el año 2013 se aprobó una reforma educativa
que en términos generales implica un proceso de privatización de la educación
disfrazado por la incorporación de la calidad en los sistemas de enseñanza;
propiciando también un control sobre el modelo y las prácticas de aprendizaje
desde la premisa de mejores escuelas, mejores maestros con la creación del
Servicio Profesional Docente y mejores contenidos educativos a través del
modelo de enseñanza 2016: El modelo se estructura en cinco componentes: 1) La
Escuela al Centro; 2) el planteamiento curricular; 3) la formación y desarrollo
profesional docente; 4) la inclusión y equidad; y 5) la gobernanza del sistema
educativo.
Es
preciso destacar que las políticas en educación superior para el sexenio de
Enrique Peña Nieto han sido un campo en disputa entre las instituciones
públicas y privadas, ya que, con la aprobación de la reforma educativa, las
transformaciones se plantean de corte intergeneracional incluyendo cambios en
la autonomía y distribución de los recursos federales. Es decir, los recortes
presupuestales hechos para la educación superior en las universidades públicas
limitan el acceso a la educación, incentivan la deserción escolar por la
escasez de apoyos a población vulnerable y precarizan las condiciones del
trabajo provocando un bajo ingreso y poco impacto en la calidad de vida de sus
hogares.
Específicamente, el Pacto por México resumía
la reforma educativa como:
Una reforma legal y administrativa en
materia educativa con tres objetivos iniciales y complementarios entre sí.
Primero, aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores
resultados en las evaluaciones internacionales como PISA. Segundo, aumentar la
matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y
superior. Y tercero, que el Estado Mexicano recupere la rectoría del sistema
educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad (Pacto por México,
2012, p.2)
El
26 de febrero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
la reforma educativa con la que se crea el Sistema Nacional de Evaluación
Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación y se le da a este último el carácter de organismo público autónomo
con personalidad jurídica y patrimonio propios, modificando también su forma de
gobierno.
Andrés
Manuel López Obrador publica el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 donde
incluye la creación de cien nuevas instituciones públicas denominadas
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García como parte de los
objetivos de disminuir la brecha educativa; para ello, los planteles estarán
ubicados en zonas con alta densidad poblacional, con nula o poca oferta
educativa de nivel superior y con un alto grado de rezago social, marginación y
violencia; dado que se catalogaran como universidades socialmente responsables;
enfocadas en reivindicar el papel social de los institutos de educación
superior para el beneficio y crecimiento nacional. En el mismo sentido se
entiende en el plan que asegurar la calidad educativa es valorar más las
tecnologías, la pertinencia, el campo laboral, la innovación educativa pero aún
más importante la transversalización de los valores desde el compromiso social
y con su entorno.
En
la actualidad, derivado de los compromisos 6, 7 y 10 de las promesas de campaña
de AMLO, el Ejecutivo Federal mandó al Congreso las iniciativas de reforma a
los artículos tercero, 31° y 73° constitucional que incluye la obligatoriedad y
gratuidad de la educación superior. Al mismo tiempo, con las reformas
educativas se propusieron la actualización de tres leyes secundarias: la Ley
General de Educación, la Ley Reglamentaria para la Mejora Continua de la Educación
y la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros.
En
la segunda ley el objetivo es poder regular el sistema nacional y crear la
Comisión Nacional para la Mejora Continua y el Sistema Integral de Formación,
Actualización y Capacitaciones donde se concentran las evaluaciones integrales
en todas las instituciones incluyendo a las normales; con esto desaparece el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); para la tercera
ley se enfoca en el reconocimiento, admisión y promoción del personal docente y
la adición de la figura de los asesores técnicos pedagógicos en el artículo
séptimo, como parte del reconocimiento de las figuras secundarias para mejorar
los sistemas educativos en todos los niveles.
La
Ley General de Educación es el documento normativo más robusto y que da solidez
al sistema educativo por consiguiente su actualización ha sido propuesta por
distintas comisiones parlamentarias y revisada por varios especialistas, ya que
se compone por once títulos, 181 artículos y 17 artículos transitorios; las
modificaciones propuestas en el mes de mayo del 2020 se consideran una de las
leyes más ambiciosas dado que incluye el derecho a la niñez desde el desarrollo
integral en el artículo sexto, sin embargo no se incluye la vinculación con el sector salud; el
derecho a la educación en el artículo segundo impulsando la equidad en el
acceso desde el otorgamiento de becas en los artículos 9°, 58° y 119°; por ello
es considerado una reforma educativa federalista sin vinculación con otros
sectores pero si con una visión a largo plazo.
Dentro
de sus objetivos se enmarca la función social de la educación y la orientación
de los criterios para el desarrollo de las políticas públicas en materia de
educación superior con visión de Estado; siempre preservando la autonomía de
las instituciones que cuenta con ello.
En
el artículo tercero de la misma ley se reconoce la educación como un derecho
que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas bajo los
criterios de equidad e inclusión para garantizar el acceso y promover la
permanencia y el reconocimiento a la diversidad. Si bien sólo impulsa los
criterios para los procesos de acceso y permanencia en el sentido de “cuota de
género”, si reconoce la importancia de la diversidad, la inclusión y el trato
igualitario del ser humano sin importar su género o condición, lineamientos
básicos del bien común.
Es
decir, con estas especificaciones en la ley se permite pensar en una
progresividad en la inclusión de todas las personas para el acceso y
permanencia en la misma, disminuir la brecha de la desigualdad y conseguir
modelos equitativos de enseñanza en todos los niveles.
Desde
la implementación del neoliberalismo se considera que la dinámica social actual
se expresa en términos de globalización; por ende, los problemas sociales que
viven los países desarrollados se pueden ver reflejados, al intentar asignar
las mismas políticas públicas, en países en vías de desarrollo; como lo es
México. Se visualizan las conexiones sociales, políticas y económicas que tiene
cada país y como se relacionan con el exterior.
Con
esta implementación surgen diversos problemas sociales a causa de las políticas
económicas neoliberales efectuadas; actualmente se siguen llevando a cabo y
continúan derivándose problemas como: la drogadicción, el calentamiento global,
el racismo, la muerte de inmigrantes que tratan de conseguir un trabajo fuera
de su país, el pragmatismo y cinismo en política, el desgaste de la democracia
representativa, el desempleo, la violencia intrafamiliar, etc. parecen ser
signos inconexos de una descomposición que no tiene explicación si no se
comprende el marco general dentro del que se produce (López, 2016).
Los
gobiernos que preceden al actual tuvieron de manera insistente acciones que se
enmarcan en el modelo neoliberal, el cual, en palabras de Gentili (2017)
es un neoliberalismo que debilita las
bases del estado de derecho democrático, que aumenta de forma exponencial la
represión y la violencia institucional, que criminaliza la protesta social,
reproduce la pobreza, amplía la desigualdad y, del mismo modo, aumenta las
ganancias de los grandes grupos económicos y los privilegios de unas élites
corruptas e indiferentes al sufrimiento y a la exclusión de millones de
ciudadanos y ciudadanas. (p.2)
La
educación desempeña un rol esencial a lo largo de la Agenda 2030, en la que
figura además un objetivo independiente y metas vinculadas a la educación en
otros7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 4 se propone
“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos” de aquí a 2030. El objetivo
consta de 10 metas que orientan a los países a lo largo de un camino transformador
hacia una agenda de educación sostenible.
Como
se indicó, el ODS4 consta de 7 indicadores los cuáles se han medido desde 2015
que tiene su meta (o fin último) lograr la primaria universal, para ello, los
gobiernos deben de emprender medidas sobre el desarrollo de competencias y
habilidades que denoten la educación como un derecho humano.
En
México, de acuerdo a datos de la
Además,
los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los
contenidos impartidos en la educación básica obligatoria. Esta precarización se
agudiza más para aquellos que viven en comunidades indígenas o hablan una
lengua indígena como lengua materna están particularmente en riesgo de no ir a
la escuela o de tener un bajo aprovechamiento; esto se refleja en que 1 de 10
niños(as) asiste a la escuela en comparación con 7 de cada 10 que habla
español.
Bajo
este contexto, es cómo se presentan los principales resultados en materia de
cobertura, financiamiento y eficiencia de la educación básica en México.
La cobertura educativa se refiere al
nivel de avance que ha tenido el país en relación a la educación de la
sociedad, para ello se estima que el grado promedio de escolaridad ha avanzado
en los últimos 20 años un grado de escolaridad debido al incremento de becas,
obligatoriedad de la educación media superior y superior, así como incorporación
de esquemas de inclusión. Sin embargo, los esfuerzos no mínimos ya que contar
con 10 años promedio de escolaridad se valoriza a tener la secundaria
concluida. Sin embargo, haciendo una comparativa con países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el país
tiene un rezago de 3 años en comparación con Canadá (13.2) y Estados Unidos
(13.3) así como de 2 años para China (12.0) lo que significa un atraso de 30
años para alcanzar los niveles actuales.
Tabla 1. Datos
de Cobertura educativa para México
Rubro |
Resultados del
Sexenio 2000-2006 |
Resultados del Sexenio 2006-2012 |
Resultados del Sexenio 2012-2018 |
Resultados del 2018-2020 |
Cobertura en Educación Primaria |
94.1% |
98.6% |
98.5% |
NE |
Cobertura en Educación
Secundaria |
91.8% |
97.9% |
84.3% |
NE |
Cobertura en Educación Media Superior |
80.4% |
69.3% |
63.8% |
NE |
Grado promedio
de escolaridad |
8.3 |
9.2 |
9.4 |
9.7 |
Índice de Analfabetismo |
7.7% |
6.9% |
6.0%* |
4.7% |
Fuente: Elaboración
propia con datos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, Tasas de
Cobertura Neta retomadas al último año del sexenio; Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Información, Censo de Población y Vivienda Grado
promedio de Escolaridad e índice de Alfabetización
*El índice de Analfabetismo es dato estimado en el
informe de Gobierno del Sexenio para el año 2018.
NE. La información presentada por el Instituto Nacional
de Evaluación de la Educación tiene datos estimados hasta el ciclo escolar
2017-2018.
Estos datos sugieren que, aunque se
impulsó una reforma educativa para mejorar la calidad, las escuelas y los
docentes en la educación, se han tenido avances de acuerdo a la tendencia
histórica, más no existe un punto de quiebre sobre el avance en términos de
cobertura. Haciendo un análisis de la matrícula para el año 2018, se tiene un
total de 25 millones 793 mil 468 alumnos(as) en los niveles primaria,
secundaria y media superior; existiendo un total de 154, 538 planteles y un
millón 281, 169 docentes lo que significa que existe una eficiencia media sobre
la paridad docente/alumno como se muestra a continuación:
Tabla 2. Relación
docente/alumno por nivel educativo
Nivel educativo |
Alumnos por Docente |
Docentes por Escuela |
Matriculados por Escuela |
Primaria |
24 |
5.8 |
144 |
Secundaria |
16 |
10 |
164 |
Media Superior |
17 |
16 |
292 |
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación, Estadística e Indicadores del Sistema Educativo
Nacional, escuelas, alumnos y docentes.
Es decir, significa que en promedio en
una escuela primera existen 144 matriculados de los cuáles son atendidos por
5.8 docentes donde cada docente debe atender una demanda de 24 alumnos(as); lo
mismo sucede para el caso del nivel secundaria y media superior teniendo una
deficiencia en la cantidad de docentes por alumnos; es decir, no existe una
deficiencia en la infraestructura educativa sino en el capital humano.
Referente a temas de financiamiento,
el gasto público en educación para el año 2018 asciende a $6,501,765.85
millones de pesos, de los cuáles el 56.6% se destina a educación básica y 11,4%
a educación media superior, lo que determina que el costo promedio por alumno
es de $7,907 dólares; mientras que el promedio de la OCDE es de $17, 065 dólares
al año. Estos datos indican que el país requiere una inversión de $188,312.749
pesos por alumno para considerar el gasto en promedio de la OCDE (la estimación del
cálculo se realizó haciendo una diferencia entre el costo promedio y el costo
del país, con un tipo de cambio de 20.55 a precio del día 17 de octubre de
2021), es decir, un total de $4 billones 857 mil 238millones
865. 3(mdp) lo que significa un 60% aproximado del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)[1].
Gráfico 1. Presupuesto destinado por nivel educativo, 2018
Fuente: elaboración propia con base en Datos estadísticos de
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gasto en
Educación año 2018.
Haciendo un análisis por clasificación
por objeto del gasto, se estima que los tres grandes objetos del gasto es
capítulo 1000 respecto del pago de nómina de docentes, capítulo 4000 respecto
del pago a transferencias que tiene que ver con asignaciones de becas en la
mayoría de los casos; y el capítulo 8000 sobre participaciones y aportaciones
que es la distribución del recurso a las Entidades Federativas y Municipios a
través de Programas Presupuestarios o Fondos Federales[2]correspondientes al ramo
11, 28 y 33; mismo que pueden ser evaluados de manera independiente por su
complejidad e importancia[3].
Gráfico 2. Distribución del Presupuesto de Egresos por objeto de gasto, 2018
Fuente: elaboración propia con base en Datos estadísticos de
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gasto en Educación
año 2018.
Nota: el análisis de clasificación por objeto del gasto
se realizó sobre el total del presupuesto para 2018.
Por último, los resultados que se
obtienen de los siete indicadores sobre el ODS4 desde la reforma educativa han
sido favorable a nivel mundial debido al incremento de la cobertura educativa
básica en países de África y América Latina; sim embargo, los aportes de México
en los últimos años corresponden sólo a seguimiento sobre la tendencia de
crecimiento de la población, más no sobre un aporte significativo de la
clasificación expuesta; es decir, en el mundo, 103 millones de jóvenes no
tenían un nivel mínimo de alfabetización, más del 60% eran mujeres que
significaba el 15.07% de la población; al año 2020, ese porcentaje es del 13.53%,
de los cuáles México 378, 042 personas
han dejado de ser analfabetas lo que significa el 0.37% del total mundial de
jóvenes que había en 2015.
Gráfico 3. Avance de los Indicadores de ODS4
Fuente: elaboración propia con base en Datos estadísticos. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
En general México
cuenta con un rezago educativo de tres años en matemáticas y de 1.8 años en
español, en comparación con el promedio de los países de la OCDE. Es decir, que
al país le tomará alcanzar el nivel promedio de educación de calidad en 25 años
y hasta 65 años, de seguir con las mismas tasas que en 2012, por tanto, ninguno
de los otros países puede crecer en materia educativa y nosotros tendremos que
continuar creciendo a una tasa promedio anual de 1.2%, lo que se considera
imposible porque toda economía es en cambio constante
No es un problema de
tiempo en las aulas ya que, según datos del BID, el número de horas de clase
anuales obligatorias en promedio para los países de la OCDE es de 6,496 horas
de niños de 7 a 14 años de edad; y México invierte en las aulas 7,501 horas lo
que implica no sólo que no se está implementando de manera eficiente el tiempo,
sino que no se está enseñando de manera adecuada las bases para desarrollar
innovaciones tecnológicas o para incentivar a los mismo a continuar los
estudios.
Por
tanto, aunque la educación se ha planteado como una panacea del desarrollo no
necesariamente es la única “solución” o estructura base para pensar en mejorar
las condiciones de la sociedad ya que así como la educación es un proceso
complejo las dinámicas que se establecen desde el núcleo familiar hasta una
nación son heterogéneas e implican una multiplicidad de factores,
circunstancias y procesos históricos, políticos y sociales de conformación que
intervienen tanto en la toma de decisiones como en su aplicación.
En términos generales
existe un problema de fondo y de forma al visualizar los problemas de manera
lineal y no compleja, al pensar que la educación puede ser la salida para
incentivar el desarrollo, pero también al justificar las acciones del Estado
como un mecanismo de solvencia en el largo plazo y políticas en favor de la
sociedad cuando se están atendiendo los intereses del mercado y el sistema
capitalista.
La reforma educativa en
el diseño deja mucho que desear para la sociedad mexicana porque lejos de ser
una reforma educativa ha pasado a ser una reforma laboral para la planta
académica de nivel básico y medio superior dejando a la deriva los
planteamiento de la educación superior, dejando también una nueva senda sobre
la reforma educativa de 2019 que cambia el panorama sobre el bien común y la
resignificación de la educación como derecho básico pero que no se vincula con
una visión internacional sobre la correspondencia con los ODS y el aporte que
tiene el país en la materia.
Se requiere un concepto
adecuado de cobertura que incluya los aspectos de ingreso, permanencia y egreso
y no sólo el alcance de la política generalizada; sino la atención de las
necesidades propias del aprendizaje de cada comunidad y de la propia sociedad
en su conjunto para incrementar la adquisición y generación de conocimiento
efectivo.
Aunado
a ello, es necesario una política de corte integral que desde el diseño hasta
la implementación y retroalimentación sea realizada de la manera en cómo se
construye en papel. Incorporar esquemas de financiamiento que promuevan una
cobertura educativa hacia la eficiencia terminal para la generación de
conocimiento, la construcción del espacio de crítica y lucha social; y la
formación de individuos con conciencia social que incentiven la cohesión y
democracia de esta.
En la medida en que la
educación recupere su lugar no como una herramienta al servicio del poder, sino
como una herramienta al servicio de la persona humana, entonces podremos
comenzar a hablar nuevamente de una política pública enfocada al derecho de la
educación como un modelo de aprendizaje de formación de ciudadanía con impacto
en la Agenda 2030 desde la solvencia normativa de una reforma educativa.
En cuanto se brinda a
la sociedad joven las herramientas necesarias, orientación adecuada y apropiada
además de oportunidades de desarrollo; en el futuro, al transitar a la edad
adulta podrán contribuir significativamente en el desarrollo de su sociedad
(entorno); por tanto, es considerada una inversión a largo plazo que
contribuirá a acelerar el crecimiento económico y a reducir la pobreza.
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[1] EL PEF para el año 2021 es de 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos (mdp) (DOF, 2020).
[2] Como Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA) y Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE)
[3] Las entidades federativas tienen la obligación de realizar evaluaciones a los programas presupuestarios y fondos de gasto federalizado estableciendo los Términos de Referencia de acuerdo a las metodologías del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)