INTRODUCCIÓN
Actualmente en este siglo XXI, la violencia familiar es
considerada como un problema muy álgido
en muchas mujeres quienes se mantienen en condiciones de extrema vulnerabilidad
y sometidas a diferentes formas
severas de violencia, infringiendo y violando los derechos fundamentales
a los miembros del entorno familiar; causando un menoscabo a la dignidad humana
ya agudizándose con consecuencias subyacentes en la salud física, mental y gravemente cuando se
lesiona la vida humana; por lo que
es imprescindible asumir un compromiso social y político;
así como se requiere
de una sociedad activa premunida de valores para una
convivencia pacífica y armoniosa, libre de todo
tipo de violencia.
En este sentido, es de preocupación de todos y responsabilidad del Estado asumir
compromisos efectivos, afrontando dicha situación a favor de todas las familias, con respeto a sus
derechos humanos; evitando que
se encuentren fraccionadas
y en consecuencia se sigan cometiendo todo un ciclo de violencia, hechos que son
tan degradantes y lamentables
para las víctimas. A tenor de lo visto
y en el marco de Desarrollo del Milenio, la propuesta de la comunidad
internacional, enfrenta la problemática mediante la aplicación del quinto
Objetivo de Desarrollo Sostenible, que permite
obtener la equivalencia de género y de esta
manera investir de poder a la mujer, niñas y
adolescentes, planteándose: “eliminar y erradicar toda forma de
intimidación y violencia en contra las
mujeres en la sociedad; comprendida toda forma
de esclavitud y explotación, así como otras modalidades
o tipos de explotación”, también incluye
la eliminación de todas las experiencias perniciosas,
siendo la más gravosa la amputación
practicada en los genitales de este género
humano (UN-United Nations, 2017).
Respecto al Perú, se
puede observar como la
violencia familiar, se encuentra enquistado al interior de las mismas y viene socavando el vínculo
familiar trayendo como consecuencia la violencia feminicida, hechos que vienen enlutando la sociedad peruana; así
lo evidencia el Proyecto gubernamental para la inoculación y aniquilamiento
del abuso frente a féminas e componentes
del conjunto natural familiar del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante los doce meses correspondientes
al año 2019, registrando 181,885 casos
y siendo de mayor incidencia en Lima con 2231 casos,
Arequipa con 601 y Junín con 510, igualmente dentro del contexto de San Juan de Lurigancho, 761 casos fueron atendidos, las mayores
denuncias interpuestas son por dureza, económica, mental, física y sexual.
Frente a esta situación denota que las
peruanas también son violentadas dentro
de su propio ámbito familiar, recibiendo malos tratos y degradantes que lesionan su autoestima y trayecto
repercusiones que son tan nocivas
en la salud.
Se formuló el problema general: ¿Cómo es la
responsabilidad social del Estado frente a la
violencia familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho, ¿Lima, 2020?;
el problema específico 1 planteado fue: ¿Cómo es la responsabilidad social del Estado
frente a la violencia económica en el distrito
de San Juan de Lurigancho, Lima 2020?; problema específico 2 ¿Cómo es la responsabilidad social del Estado frente
a la violencia psicológica en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2020?
Al mismo tiempo, en un punto de vista pragmático, se alude al presente trabajo de investigación, sea valedera como un
patrón de referencia y motivo de
estudio de los estudiantes de pregrado, así como de posgrado de los diferentes programas profesionales de
diversas instituciones educativas. Dentro del contexto metodológico, se tiene
la expectativa que todas las
estrategias, técnicas y procedimientos, así
como la adaptación y aplicación virtual de las entrevistas, en el presente estudio
sean motivo de revisión en posteriores tesistas
de las diferentes universidades,
consecutivamente luego de que se demuestre la elaboración y validación de
instrumentos de investigación, para evaluar el índice de violencia dentro del
contexto familiar en la circunscripción de SJL.
Por ello permitió establecer el siguiente objetivo
general: Explicar la responsabilidad social del Estado frente a la violencia
familiar en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2020; como objetivo específico 1 Explicar la responsabilidad social del Estado
frente a la violencia económica en
el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2020; y objetivo
específico 2: Explicar la responsabilidad social del Estado frente a la
violencia psicológica en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2020.
MÉTODO
A los fines de la presente investigación se consideró el
tipo de estudio y el diseño, siendo necesario esbozar
lo atinente a estos en lo adelante partiendo del hecho que se implementó en nuestra investigación algunos parámetros
esenciales como son el enfoque de estudio, la finalidad de este y el nivel del mismo, lo cual favoreció el área de conocimiento de la investigación.
En este sentido, en cuanto al enfoque del estudio se destaca que el mismo fue
cualitativo consistiendo en el análisis de la realidad del fenómeno investigado desde su entorno natural, es decir, es
la descripción e interpretación de la
información recabada tal como sucede en el escenario
de estudio. Lo precisado se encuentra alineado por Hernández, Fernández y
Baptista (2014) que sostuvieron la aproximación cualitativa se centra en entender los fenómenos indagándolos
desde la óptica de los participantes y en relación con su entorno. (p.9).
Asimismo, en relación
a la finalidad de estudio debemos destacar que la misma fue de tipo
básica, en razón de estar
orientada a la generación de conocimiento
partiendo de un lugar de estudio determinado
que permitió la obtención de datos que contribuirán en la
profundización del conocimiento
preexistente. Tal como sostiene Valderrama a partir de investigación básica se persigue la construcción de
conocimiento y no la producción de
resultados que sean de aprovechamiento
práctico inmediato, se centra en la
recolección de información de la realidad fenomenológica para transformarla en aportes (Valderrama, 2015, p.164).
El nivel de estudio fue descriptivo, pues son aquellos que establecen las
características y rasgos importantes
de personas, comunidades que permiten determinar la razón por la cual se produce el fenómeno investigado a
través del análisis del mismo en su estado
natural (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014, p. 185). En este sentido se entiende por nivel
de estudio descriptivo cuando se explica
de forma pormenorizada un fenómeno partiendo
del análisis de la forma en que este se manifiesta
en el entorno y de las personas que se encuentran
asociadas a este.
Según Monge (2011) el “diseño de investigación es la estructura a
seguir en una investigación,
ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación
con los integrantes surgidos de los supuestos e
hipótesis del problema” (p.201).
Sobre lo particular, el anteproyecto es el programa de acción compuesto de cada uno
de las secuencias a implementar que
permitirán establecer el pormenor de la labor investigativa y fijar el
procedimiento a seguir para lograr resultadoseficientes,
ademásdedelinearlamanera de conseguir solución a los cuestionamientos que conducen a la ejecución del estudio.
La teoría fenomenológica se entiende estudiando su
aspecto procedimental y filósofo. Usualmente, el examen de la cuestión se
refiere al uso escasamente revuelto y muy mecánico de alguna forma de
calcular la frecuencia o sistematización
de ciertas reproducciones o escritos, u otra parte de lo comprendido de la
información materia del protocolo o documental. Teniendo como referencia las
aplicaciones, actualmente encontramos programas de informática, que elaboran un
arduo estudio de la temática del investigado (Fuster, 2019).
En la presente investigación el examen de los datossellevóacaboimplementadolosinstrumentos de
recolección de información recabada de los participantes
del estudio que contribuyeron en ofrecernos
su opinión profesional, excluyendo las mediciones
estadísticas al ser una investigación con enfoque cualitativo, manteniéndonos
en la descripción de la información obtenida.
Monge (2011) manifiesta que: [...] Todas las entrevistas poseen una disposición
elemental en la cual la persona que
realiza el estudio posee las
preguntas orientadas a la investigación y el
entrevistado las respuestas que contribuirán a la verificación de los objetivos planteados por el investigador […]. (p.150).
Según la investigación realizada
se utilizaron los siguientes métodos:
Método de Interpretación:
El metodo interpretativo es aquel pormedio del cual se
comprende el significado estructural del fenomeno estudiado gracias a la
realización del analisis conjunto de las fuentes doctrinarias, normativas, y las entrevistas realizadas a los participantes dado que estos
herramientas aportan
información contrastable entre si permitiendo obtener un resultado al ser
interpretada de manera idonea.
RESULTADOS
En relación al objetivo general que se basó a
explicar la responsabilidad social del Estado
frente a la violencia familiar en el distrito de San
Juan de Lurigancho, Lima 2020. Por tanto, los
autores Ferrell, Fraedrich y Ferrell (2000)
los autores diferencian cuatro componentes de
la responsabilidad social: a) compromiso normativo, abarca el fiel cumplimiento
de las leyes y regulaciones preventivas del Estado, con la finalidad de responder con un
comportamiento aceptable a la comunidad; b) compromiso ético, aquella que responsabiliza a las sociedades mercantiles a
brindar una adecuada conducta aceptable hacia los stakeholders, ejercitando el deber ser, lo bueno y lo equilibrado
conforme a lo que se permite; c) compromiso económico, vincula con el estilo de distribución de los recursos
dentro de la sociedad, con la finalidad de producir de bienes y/o servicios; d) compromiso filantrópico, está vinculada a las
contribuciones que realizan las empresas que operan en cierta sociedad para incrementar la calidad de vida y al bienestar de su entorno
comunal.
Por otro lado, los autores Martí, Calderón y Fernández (2018) presentaron
en la publicación denominada “La responsabilidad social universitaria en Iberoamérica:
análisis de las legislaciones de Brasil, España y
Perú”,
de la Revista Iberoamericana de Educación
Superior; un estudio descriptivo-comparativo vinculado sobre
avances legales de la obligación social al aspecto
universitario en Brasil, España
y Perú. Concluyó de las experiencias analizadas, consideran que las prácticas
como responsabilidad social universitaria se crearon
inicialmente como
actividades de servicios a la comunidad orientadas a ayudar con
la mejora continua de la
calidad,
para una mejor vida en comunidad.
Como se sabe los universitarios a través de las actividades
de proyección social realizan buenas prácticas a
favor de los más vulnerables, teniendo como pilar
fundamental el bien común; constituyendo
un
trabajo colaborativo y emprendedor.
En esencia, la teoría
de este
estudio es conceptualizar la categoría de responsabilidad social del Estado, es mantener el orden social;
la responsabilidad de ayudar y rehabilitar a los vulnerados y la responsabilidad de proveer asistencia a sus ciudadanos necesitados”. (Daza, 2017, p.55). Asimismo, la obligación para
los Estados de establecer los mecanismos de protección para las personas, respecto de prácticas
violatorias de sus derechos y
particularmente en la familia, que es
donde se ejerce mayor violencia en contra de
mujeres. (Marisse, 2016, p.46).
En relación a
la variable
violencia familiar, Salas (2009) sostuvo que la dureza familiar es el hecho
u omisión que se da en forma
única o varias oportunidades, realizado
por un integrante de la
familia, que puede tener vínculo
de autoridad en
función del sexo, la edad, así como por la fortaleza
física, en perjuicio de los integrantes
del grupo familiar, sin tener en cuenta el entorno donde se produce
y los diferentes tipos de maltrato en sus disímiles magnitudes.
Respecto al objetivo específico 1 se abarcó en explicar
la responsabilidad social del Estado frente a la violencia económica en el
distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2020.
Por otro lado, Gonzales et al. (2010) dan referencia a
“las obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como
internacionales, que provienen de los impactos que producen las organizaciones
en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos”.
(p.12).
Dentro de este escenario, Argandoña (2011), señaló que tanto la responsabilidad social como
el bien común van en
conjunción, no pueden desligarse; históricamente se ha evidenciado que
la exclusividad del interés particular sobre el bien
de la sociedad, sin tener los reparos
acometidos siempre ha resultado nefasta.
La violencia económica y patrimonial, sin embargo, es necesario acotar, qué este
tipo de violencia puede ser
generalizado, normalizado y confundido por un tipo de violencia psíquica,
dejando en la subordinación e indefensión de
acceder a la justicia a las mujeres al reclamar sus derechos (López, 2017).
Asimismo, la violencia económica y patrimonial, requiriendo contar con normativa ampliada, eficaz,
que desarrolle mejor el tipo de violencia señalada, buscando la erradicación de la problemática sobre las diferentes
agresiones que sufre las mujeres,
esta responsabilidad debería ser cumplida a cabalidad por los funcionarios que administran justica de manera directa
en garantía de los derechos constitucionales. (Maldonado et al.,
2020).
En el contexto del objetivo específico 2 se basa en
explicar la responsabilidad social del Estado
frente a la violencia psicológica en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, 2020.
Echeburrúa (2002) mencionó que la violencia psicológica, puede
ser reflejo de diversas
actitudes de hostilidad, insultos y amenazas,
representando una carencia de atención a las necesidades afectivas (p.2).
Debido a que la propia
violencia física puede
menoscabar la salud
mental de la víctima
y a
la naturaleza esencialmente circunstancial de este
tipo de violencia. Esta
violencia debe ser examinada
atendiendo a las circunstancias personales de la víctima, del agresor y
a las propias circunstancias del comportamiento. (Perela, 2010).
Asimismo, Perela (2010), en su artículo denominado “Violencia de género: violencia
psicológica”, nos señala que los maltratadores
atacan emocionalmente a sus víctimas buscando erosionar su autoestima,
someterlas, humillarlas y avergonzarlas, con el fin de aumentar el control y el poder sobre ellas. Todas
estas conductas provocan la desconfianza de la víctima, falta de fuerza y capacidad para defenderse,
impiden el pensamiento y la acción,
provocan sentimientos de
desvalimiento, confusión, culpa, dudas de sí
misma e impotencia.
Es preciso subrayar que la prevención del deterioro se concreta mediante medidas
de protección. Los individuos
favorecidos no son el lado
demandante, quien realiza la denuncia, podrían
ser además sujetos
desconocidos en torno
a la denuncia, pero alcanzarían estar enlazadas ya sea por enlace
familiar o estar dentro de un conjunto
familiar. (Ledesma, 2017).
Además, la prevención de este tipo
de violencia contaría con una
gran colisión de la cuestión. El grupo adolescente se encuentra inmerso
del grupo vulnerable frente a los actos violentos dentro de relaciones, ya que están en una etapa
vital en las que exploran diversas
formas de afiliaciones y descubriendo diferentes formas de
conducta que a diario se observa el parecido a los adultos. (Marín & Gómez, 2019).
DISCUSIÓN
En relación a la discusión del objetivo general, los autores Martí,
Calderón y Fernández expresan que la responsabilidad social
se creó inicialmente
como actividades de servicios
a la
comunidad orientadas a ayudar con la mejora continua de la calidad
para una mejor
vida en comunidad. Como se sabe,
los universitarios, a través de las actividades
de proyección social, realizan buenas prácticas a
favor de los más vulnerables, teniendo como pilar
fundamental el bien común; constituyendo
un
trabajo colaborativo y emprendedor. En tanto, los
autores Ferrell, Fraedrich
y Ferrell nos diferencian cuatro componentes de la responsabilidad
social: a) compromiso normativo,
abarca el fiel cumplimiento de las leyes y
regulaciones
preventivas del Estado, con la finalidad de responder con un
comportamiento aceptable
a la comunidad; b) compromiso ético, aquella que responsabiliza a las sociedades mercantiles
a brindar una adecuada
conducta aceptable hacia los stakeholders, ejercitando el deber ser,
lo bueno y lo equilibrado conforme a lo que se permite; c) compromiso económico, vincula con el estilo
de distribución de los recursos
dentro
de la sociedad, con la finalidad
de producir de bienes
y/o servicios; d) compromiso filantrópico,
está vinculada a las contribuciones que realizan las empresas que operan en cierta
sociedad para incrementar la calidad de vida y al bienestar de su entorno
comunal.
Asimismo, Daza (2017)
indica que la responsabilidad social del Estado es
mantener el orden social; la responsabilidad
de ayudar y rehabilitar a los vulnerados y la responsabilidad de proveer asistencia
a sus ciudadanos necesitados. Por tanto, Marisse (2016)
nos dice que la obligación
para los Estados de establecer los mecanismos de
protección para las
personas, respecto de prácticas violatorias de sus derechos
y particularmente en la familia, que es donde se ejerce mayor violencia
en contra de mujeres. Por ello, Salas (2009) expresa
que la dureza familiar es el hecho u omisión
que se da en
forma única o varias
oportunidades,
realizado por un integrante
de la familia, que
puede tener vínculo de autoridad
en función del
sexo, la edad, así como por la fortaleza física, en perjuicio de los integrantes del grupo familiar,
sin tener en cuenta el entorno donde se produce
y los diferentes tipos de maltrato en sus disímiles
magnitudes.
Respecto a lo manifestado por los autores, se determinó
que la responsabilidad social del
Estado frente a la violencia familiar se relaciona
de la siguiente manera: el Estado debe salvaguardar
el orden social, ayudar o establecer mecanismos de protección a las personas en
la sociedad en mayor grado en el
ámbito familiar que son los más
vulnerables como compromiso normativo, que abarca el fiel cumplimiento de las leyes y regulaciones preventivas del
Estado, con la finalidad de
responder con un comportamiento aceptable a la
comunidad.
En relación a la discusión del objetivo específico 1,
Gonzales et al. nos mencionan que dan referencia a las obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto
nacionales como internacionales, que provienen de los impactos que producen las organizaciones en el ámbito social, laboral, medioambiental y
de los derechos humanos. Asimismo, Argandoña (2011) señaló que tanto la responsabilidad social como el bien
común
van en
conjunción, no pueden desligarse; históricamente se ha evidenciado que
la exclusividad del interés particular sobre el bien
de la sociedad, sin tener los reparos
acometidos siempre ha resultado nefasto.
En tanto en relación con la violencia económica Maldonado et al. (2020), dicen que la violencia
económica y patrimonial, requiriendo contar
con normativa ampliada, eficaz, que desarrolle mejor el tipo de
violencia señalada, buscando la erradicación de la problemática sobre las diferentes agresiones que sufre las
mujeres, esta responsabilidad debería
ser cumplida a cabalidad por los funcionarios que administran justica de
manera directa en garantía de los derechos constitucionales.
Sin embargo, López (2017) nos dice
qué tipo de violencia puede ser generalizado, normalizado y confundido por
un tipo de violencia psíquica,
dejando en la subordinación e indefensión
de acceder a la justicia a las mujeres al
reclamar sus derechos.
En relación a los autores se determinó que la responsabilidad
social del Estado frente a la violencia
económica se manifiesta de una manera perjudicial, dado que debe contar
con normativa ampliada, eficaz, que desarrolle mejor el tipo de violencia señalada, buscando la erradicación de la problemática sobre las diferentes
agresiones que sufre las mujeres,
esta responsabilidad debería ser cumplida a cabalidad por los funcionarios que administran justica de manera directa
en garantía de los derechos constitucionales.
Respecto a la discusión del objetivo específico 2 Echeburrúa (2002) nos indica que
la violencia psicológica, puede
ser reflejo de diversas actitudes
de hostilidad, insultos
y amenazas, representando
una carencia de atención
a las necesidades afectivas. Asimismo, Perela (2010) dice que debido
a que la propia violencia
física puede menoscabar
la salud mental de la víctima
y a la naturaleza esencialmente circunstancial
de este tipo de violencia. Esta
violencia debe ser examinada atendiendo a las circunstancias personales de la víctima, del agresor y a las propias circunstancias del comportamiento. En
tanto también expresa que los maltratadores atacan emocionalmente a sus víctimas buscando erosionar su
autoestima, someterlas, humillarlas y avergonzarlas, con el fin de aumentar el control y el poder
sobre ellas. Todas estas conductas provocan la desconfianza de la víctima, falta de fuerza y capacidad para defenderse, impiden el pensamiento y
la acción, provocan sentimientos de
desvalimiento, confusión, culpa, dudas de sí misma e impotencia.
En tanto Ledesma (2017) manifiesta que la prevención
del deterioro, la cual se concreta mediante
medidas de protección. Además, Marín &
Gómez (2019) nos dicen que la prevención de este tipo de violencia contaría con una
gran colisión de la cuestión. El grupo adolescente se encuentra inmerso
del grupo vulnerable frente a los actos violentos dentro
de relaciones, ya que están
en una etapa vital en las que exploran diversas
formas de afiliaciones y descubriendo diferentes
formas de conducta que a diario
se observa el parecido a los adultos.
En relación a lo expresado por los autores se determina que la responsabilidad social del Estado
frente a la violencia psicológica se manifiesta de manera perjudicial
para la protección de la víctima,
debido a que la propia violencia física puede menoscabar la salud mental de la víctima y a la naturaleza esencialmente
circunstancial de este tipo de violencia. Esta violencia debe ser examinada atendiendo a las
circunstancias personales de la víctima, del agresor y a las propias
circunstancias del comportamiento.
CONCLUSIONES
PRIMERO: Se determinó que la responsabilidad social del Estado frente a la violencia familiar se relación de la siguiente manera el Estado
debe salvaguardar orden
social, ayudar o establecer mecanismos de protección a las personas en la
sociedad en mayor grado en el ámbito familiar que son los más vulnerables como
compromiso normativo, que abarca el fiel cumplimiento de las leyes y
regulaciones preventivas del Estado, con la finalidad de responder con un
comportamiento aceptable a la comunidad.
SEGUNDO: Se
determinó que la responsabilidad
social del Estado frente a la violencia
económica se manifiesta de una manera perjudicial, dado que debe contar
con normativa ampliada, eficaz, que desarrolle mejor el tipo de violencia señalada, buscando la erradicación de la problemática sobre las diferentes
agresiones que sufren las mujeres.
Esta responsabilidad debería ser
cumplida a cabalidad por los funcionarios que
administran justicia de manera directa
en garantía de los derechos constitucionales.
TERCERO: Se determina que la responsabilidad
social del Estado frente a la
violencia psicológica se manifiesta de manera perjudicial para la protección de la víctima debido a que la
propia violencia física puede menoscabar la salud mental
de la víctima y a la naturaleza esencialmente
circunstancial de este tipo de violencia. Esta violencia debe
ser examinada atendiendo a las circunstancias personales de la víctima,
del agresor y a las propias
circunstancias del comportamiento.
REFERENCIAS
Argandoña, A. (2011). El bien común. Documento de Investigación
DI-937.
Bussines Scholl Universidad de Navarra. Recuperado de http://scholar.google.es/ scholar?start=10&q=bien+comun+en+la+ empresa&hl=es&as_sdt=0,5
Corsi, J. (1994). Violencia familiar.
Una mirada interdisciplinaria sobre
un grave problema social. Buenos Aires: Paidós
DelMarTorresLópez,Nuria,&Díaz-López,MªdelPilar
(2017). Género en el discurso:
discriminación. Maltrato a la
mujer. International Journal of Developmental and EducationalPsychology,4(1),
267-275. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349853537028
Daza Castillo, Luis Antonio (2017). Determinantes sociales del fenómeno
de habitabilidad de calle en Bogotá
DC Una aproximación desde la salud
urbana. Medicina UPB, 36 (1),
51-58. https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=159051102007
Echeburrúa, E. y De
Corral, P. (2002) Manual
de violencia familiar. Madrid, España: Siglo Veintiuno de España. Editores. Familia y violencia ¿conceptos inseparables?
Comentario sobre los aspectos
básicos de la violencia familiar. Dialnet.
Christian Salas Beteta. Derecho
y Cambio Social,
ISSN-e 2224- 4131, Año 6, Nº. 18, 2009.
Lima Perú
Fernández, F. (2008). La
responsabilidad social universitaria desde la perspectiva ambiental:
universidad y desarrollo sostenible. Universidad Autónoma de México, México
Ferrell, O., Fraedrich, J. y Ferrell, L. (2000). Business Ethics. Ethical Decision Making and Cases, Houghton Mifflin Co., Boston
Fuster, D. (2019). Investigación cualitativa: Método
fenomenológico hermenéutico. Propósitos y Representaciones,
7(1), 201-229. Doi: http:// dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267
Gómez, A (2019). Tesis Violencia de
género y prácticas tradicionales perjudiciales: una contribución al debate
metodológico para su medición en Europa. Universitat Autónoma de Barcelona
Gonzales,
O., Fontaneda, I., Camino, M., Lara,
A. (2010). La responsabilidad social en las Universidades Españolas 2010. Universidad de Burgos.
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación.
Ciudad de México: Mc Graw Hill
Ledesma Narváez, M. (2017). La tutela
de prevención en los procesos por
violencia familiar. IUS ET VERITAS, (54), 172-183. https:// doi.org/10.18800/iusetveritas.201702.00
López, O. C. (2017). La violencia
económica y/o patrimonial contra las mujeres en el ámbito familiar. Instituto de la Familia Facultad de Derecho, 42